La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mxico, Claudia Sheinbaum Pardo, envi al Congreso capitalino una iniciativa de decreto para expedir la Ley de integral de gestin de riesgos y proteccin civil, que abroga la actual Ley del sistema de proteccin civil y el reglamento correspondiente.
La iniciativa incorpora disposiciones que establece la Constitucin Poltica de la Ciudad de Mxico relativas al uso racional del territorio y los recursos de la ciudad y preservar un hbitat adecuado a todas las personas y seres vivos; responsabilidades de empresas inmobiliarias; facultades para demoler y rehabilitar inmuebles de alto riesgo; en materia de vulnerabilidad, resilencia, prevencin y mitigacin de riesgos, as como estrategias de adaptacin al cambio climtico.
La propuesta de la titular del Ejecutivo local, establecer el derecho de los ciudadanos a contar con una vivienda con servicios de proteccin civil, a la seguridad urbana, al medio ambiente y al espacio pblico y actualiza las facultades que corresponden a las alcaldas para vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de proteccin civil, como lo establece tambin el texto constitucional local.
Respecto de la normatividad vigente, la iniciativa turnada para su dictaminacin y anlisis a la Comisin de Proteccin Civil y Gestin Integral de Riesgos, que preside el diputado del PAN, Hctor Barrera Marmolejo ms que enfatizar en la prevencin de desastres, acenta la prevencin de riesgos; establece la figura del tercer acreditado, como las personas fsicas o morales que prestan servicios en materia de proteccin civil en materia de capacitacin, anlisis de riesgo-vulnerabilidad y formulacin de programas internos y especiales, que debern tener autorizacin del gobierno local.
Define las atribuciones del Consejo del Sistema de Gestin Integral de Riesgos y Proteccin Civil as como de los consejos de las alcaldas como asesores y ejes en la gestin y proteccin civil y como integrantes del Comit de Emergencias en caso de desastres y define mecanismos de coordinacin entre entres los entes pblicos, privados y la sociedad civil, as como de los grupos de voluntarios y brigadas comunitarias y elimina la discrecionalidad sobre los contenidos de los atlas de riesgos partiendo de que el acceso a la informacin es un derecho sustantivo de los ciudadanos.






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