Tras su designación como Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero se ha convertido junto al titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Núñez, cuya mancuerna ha sacado casos de alto impacto como el de Emilio Lozoya Austin con los expediente de corrupción en Petróleos Mexicanos (Mexicanos) y Odebretch, y ahora el de “La Estafa Maestra” con el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga, extitular de la extinta Sedesol y Sedatu.
Gertz Manero tiene amplío conocimiento en las dependencia de seguridad siendo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y del mismo ramo en el ámbito federal, creador de uno de los grupos élite policiaco “Alamo” que e otras administraciones desapareció,
El titular de la FGR tiene recursos profesionales, sabe a quién recurrir, a qué apostar, cuándo aparecer y desaparecer. Y hacerlo en el momento justo. Es también un apasionado del teatro al que no le importa estar bajo los reflectores o esperar a que se levante el telón. No se encontraba entre los preferidos del presidente Andrés López Obrador para estar al frente de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), pero nadie tuvo dudas de que él sería el elegido.
En su administración destaca la resolución de otro de los casos que dejaron pendientes en la pasada administración es el del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez de quien se presume huyó a los Estados Unidos de América, la extradición del exmandatario de Tamaulipas, Tomás de Jesús Yarrington, la detención del exmandatario de Puebla Mario Marín Torres por el caso de Lydia Cacho, el accidente aéreo donde falleciera la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso ,y su esposo, el exgobernador y senador panista Rafael Moreno Valle, la verdad de los sucesos ocurridos en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala con la desaparición de los 43 normalistas, las detenciones de líderes del narcotráfico como Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, las denuncias de corrupción contra el líder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, entre otros.
En mayo pasado durante su informe de los primeros cien días al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero destacó que entre los asuntos relevantes que se atienden se encuentran los expedientes de Odebrech y Tlauhelilpan,
Informó que encontró en el Ministerio Público y sus auxiliares un rezago injustificado de más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sin resolver. No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República, para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden, ni verificación”.
Apuntó, el promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados. No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.
Recalcó, “tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público, pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como lo son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación. No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse. Esta falta de registro generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones; llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.
Destacó, “no existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil!. Dijo, tampoco existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente. Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.
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