BLAS A. BUENDA
Reportero Free Lance
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En los ltimos meses la atencin de la gran mayora de los ciudadanos ha estado centrada en la Emergencia Sanitaria por el Covid19 y todo el contexto en que se da este hecho sin precedente en el ltimo siglo, y a esta problemtica se suman problemas aejos, como la inseguridad, que pese a los grandes esfuerzos oficiales aplicados, no ha tenido disminucin significativa.
Dicho lo anterior, el Magistrado civilista lfego Bautista Pardo habla sobre la importante caracterstica del «juez sin rostro», en su anlisis poltico-jurdico As es el Derecho, donde desarrolla una serie de precisiones.
Es cierto que en la Ciudad de Mxico se ha reducido la cifra de delitos como robo a transente y a cuentahabiente, lo que en parte obedece al confinamiento de la mayora de la poblacin, pero las propias autoridades encargadas de la seguridad pblica estiman que la incidencia delictiva repuntar cuando se reinicien las actividades laborales, sociales y econmicas en el marco de la nueva normalidad.
En este contexto, la seguridad pblica resulta ser tema de suma importancia para los ciudadanos y exige grandes esfuerzos del Estado, encargado de garantizar este fundamental derecho a fin de que la convivencia social sea posible, para lo cual resulta necesaria la participacin tanto de las instituciones responsables de la materia, particularmente para la prevencin del delito; las de procuracin de justicia para la correcta investigacin de los hechos, as como la esencial labor del Poder Judicial, a fin de que sea posible sancionar las conductas delictivas.
Son fundamentales la independencia y la libertad de los juzgadores para resolver todos y cada uno de los juicios que son sometidos a su escrutinio, a fin de que puedan emitir sentencias libres de coaccin e influir en la eliminacin paulatina de las conductas antisociales.
Sin lugar a dudas la seguridad del juzgador es parte indispensable de su libertad, mxime cuando son encargados de procedimientos relacionados con grupos de delincuencia organizada que, lamentablemente, operan en gran parte del territorio nacional.
El homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz, adscrito a un juzgado del penal de Puente Grande, Jalisco, y de su esposa (Vernica Barajas), acontecido el 16 de junio a manos de un comando armado presuntamente ligado a la delincuencia organizada, debe motivar nuevas polticas para garantizar seguridad a los juzgadores, tanto como la libertad e independencia para la labor jurisdiccional.
Una de las mejores maneras de proporcionar seguridad a los administradores de justicia es la adopcin de la figura «juez sin rostro», la cual incluso ya ha sido mencionada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal vila, como manera de mantener el anonimato de jueces y magistrados y, en consecuencia, otorgarles seguridad. No es nueva esta figura, pues se emplea para el combate a la delincuencia organizada en pases como Italia, Colombia y Brasil, implementada justo en sus aos ms violentos.
El juez sin rostro resulta medida controversial en sistemas jurdicos como el de nuestro pas, el cual privilegia los derechos humanos, y uno de uno de los principios rectores del sistema penal es la inmediacin, es decir que todas las audiencias deben de realizarse en presencia del juzgador, quien debe explicar el proceso a la vctima y al acusado.
Es incuestionable la presencia de la delincuencia organizada en Mxico y que la violencia de sus acciones afecta a la poblacin en general, con independencia de que se est vinculado o no a ella, por lo que resulta indispensable abrir nuevos debates acerca de cmo allegarnos mejores mtodos para combatir esa criminalidad y abatir la inseguridad en el pas, pero es particularmente indispensable garantizar la seguridad de los impartidores de justicia; es imperiosa la necesidad de evitar homicidios como el cometido en agravio del juez Uriel Villegas y su esposa.
En el debate para su implementacin, se debern realizar importantes reformas constitucionales, procesales y de derechos humanos, puntualiza lfego Bautista Pardo, Magistrado de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mxico, desde marzo de 2011.
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