La amenaza de la COVID-19 es tan global y totalitaria que a veces pensamos que el mundo está en suspenso. Pero ello no es así. Nuestra corta vista nos engaña. Los males estructurales continúan o hasta se propagan más rápido. Marzo, por ejemplo, además de ser el primer mes de emergencia sanitaria en México, fue el más violento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: 3029 muertos.
La curva de contagios del virus se disparó en junio. Y pese que el país está bajo medidas de aislamiento social, el 7 de este mes fue el día con más asesinatos en lo que va de año. ¿Hay una relación directa entre la pandemia y estas condiciones violentas? Parece ser que el fenómeno de la seguridad de los países está relacionado con el territorio y la forma en que se desarrollen sus ciudades. El COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad de estos lugares, al menos así se desprende el último análisis de Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS), donde se ponen de relieve algunos puntos que reforzarían esta hipótesis.
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A nivel mundial, los modelos democráticos de seguridad han sido de utilidad durante la pandemia para contar con una autoridad próxima a la sociedad que la guiá en las medidas de confinamiento. Con el COVID-19, las policías de las grandes ciudades tuvieron que poner una pausa a la lucha contra la criminalidad para encargarse de controlar los comportamientos sociales y auxiliar a las personas. Las calles y lugares vacíos, así como la reducida movilidad modificaron el comportamiento criminal dando un espacio para que los recursos policiales se enfocaran en la emergencia.
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Las tecnologías aplicadas a la seguridad durante la pandemia han cobrado importancia. Los sistemas de video-vigilancia, las estructura en cuadrantes, el sistema CompStat, el uso de la inteligencia, de drones, cascos inteligentes para medir la temperatura o los sistemas de identificación biométricos han sido utilizados y demostrado su utilidad y límites para la administración y gestión de la emergencia. Ante ello, la policía, gracias a los modelos e instrumentos desarrollados en las últimas décadas, pudo dar la respuesta institucional y el auxilio a la población que se espera de ella.
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La pandemia también hizo visible la facilidad con la que las personas a nivel global aceptaron la reclusión, voluntaria o forzada, así como el despliegue de las fuerzas armadas en las ciudades. En sentido contrario, también hemos observado la facilidad con la que las Fuerzas Armadas han respetado el mandato constitucional y se han replegado conforme a las instrucciones de las autoridades civiles sin grandes sobresaltos ni intentos de perpetuar su participación en la vida pública.
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El COVID-19 literalmente paralizó a las ciudades. Los lugares con la mayor densidad de población, en donde en pequeños espacios se concentran las personas por largos periodos y con altos niveles de movilidad en los sistemas de transporte públicos urbanos, demostraron ser altamente vulnerables al contagio y la pandemia y por lo tanto la necesidad de replantear su diseño estructural para preservar la salud de quien las habita y disfruta.
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El COVID-19 podrá ser un detonador para la generalización de sistemas inteligentes de identificación de personas, de monitoreo de movimientos y de control de los espacios. Estos sistemas darían a las instituciones de seguridad capacidades hasta ahora inexistentes para el control de desorden y la criminalidad que en las democracias liberales son difíciles de imaginar. La pandemia demostró la funcionalidad de los sistemas para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas sanitarias; los teléfonos móviles se volvieron un instrumento de monitoreo e inclusive los brazaletes electrónicos utilizados para el cumplimiento de las medidas cautelares se utilizaron para luchar contra la pandemia.
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Los próximos meses y años serán clave para identificar el camino que seguirán en las ciudades las instituciones policiales, las cuáles, han demostrado su utilidad y límites para el control de los espacios y personas en las ciudades. El uso de las tecnologías, una vez solucionado el dilema de la privacidad, podrá extenderse para ayudar a una mejor administración de las instituciones de seguridad y con ello a aumentar sus herramientas para enfrentar: la escasez de recursos humanos y financieros; los retos de legitimidad; las dificultades para dar resultados y en general los retos que implica el orden y la criminalidad en sociedades complejas.
En contraparte las actividades criminales en todo el planeta, sin duda alguna, se adaptarán a las nuevas circunstancias, los delitos cibernéticos relacionados con el trabajo a distancia, el robo de mercancías y a las empresas de logística, podrían aumentar.
Los canales de distribución de los productos y servicios de la actividad criminal también se modificarán hacia nuevas oportunidades para los mercados criminales que aprovecharán las circunstancias y el proceso de adaptación de las instituciones de seguridad y justicia para continuar.
De esta forma, las ciudades tienen un reto enfrente que se podría catalogar como único. Por su importancia para los países, para la seguridad de la mayoría de la población y por su valor simbólico necesitarán comenzar un proceso de adaptación hacia nuevas realidades que hasta hace unas semanas parecían imposibles.
La flexibilidad y velocidad que tengan para enfrentar las nuevas demandas de seguridad y sanitarias en un momento de gran incertidumbre y alta competencia marcarán su futuro y prosperidad.
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