Este es uno de los múltiples dichos mexicanos como el de que “El que no tranza no avanza”, “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, etc.; sin embargo no siempre se puede aplicar a la realidad, ya que específicamente en el dicho del título, aunque ha sido una de las estrategias políticas y militares más socorridas para cometer las mayores injusticias en aras de la “prosperidad o de la ciencia o incluso de la paz”, también es precisamente una de las decisiones que más transgreden los derechos de la colectividad.
Lo anterior viene a colación ya que, en medio de una de las mayores pandemias que ha afectado a la humanidad, de mayor letalidad y de alto potencial de transmisibilidad, por razones “políticas” las curvas de la pandemia empiezan a descender, aun cuando a los trabajadores de la salud nos consta que la guerra no ha cesado ni “se ha domado”, pero los procesos electorales a todos los niveles ponen en juego el control del poder.
Aún a pesar del comunicado federal emitido por el Gobierno Federal de que nos encontramos en alto riesgo (porque en base a la nueva estratificación que incluye diversos indicadores, el semáforo naranja es de alto riesgo), se da la indicación por el Gobierno de Hidalgo de retornar a la normalidad y todos los empleados, incluso los que cuentan con factores de riesgo, tendrán que reincorporarse a sus labores habituales (claro, aunque la indicación sea, en “áreas no COVID”), suponiendo que ese factor se respete por los empleadores, mucha de la fuerza laboral se desbordará a los transportes públicos donde no se respeta “la sana distancia, ni el uso de cubre boca-nariz, ni el uso de gel alcoholado o lavado frecuente de manos), y en consecuencia, el riesgo de contagio es más alto y es precisamente en el mes de octubre, cuando inicia la época de influenza que es otra de las infecciones respiratorias de alta transmisión que amenaza con sumarse al SARS COV-2.
En saturar y rebasar los sistemas de salud , especialmente cuando el Sistema de Salud INSABI, aún no toma forma y el desabasto de medicamentos es alarmante, e independientemente de las explicaciones y “bondades” del muevo sistema de salud, la realidad es que los mexicanos que no cuentan con derechohabiencia (seguridad social), tienen que hacer frente a los gastos que implica la compra de medicamentos, pago estudios de laboratorio y gabinete precisamente en un momento crítico de la sociedad donde el desempleo ha sido una constante y la falta de oportunidades se suman a las condiciones de vida habituales, por lo que los empleos informales, salarios incompletos, despidos injustificados, etc., que ha obligado a salir a las calles a buscar formas de sobrevivencia que muchas veces viola los derechos de los demás al aumentar los asaltos, secuestros, asesinatos y violaciones donde la crisis social, cultural y económica es una manifestación de la insuficiencia e incapacidad del gobierno por brindar oportunidades a los jóvenes y adultos de tener acceso equitativo a la educación.
Considerando que en los sistemas penitenciarios, la población reclusa reportada por nivel escolar, según estadísticas del INEGI 2017, el 6.6 de las y los reclusos no saben leer ni escribir. Del resto, el 39.1%, cuenta con educación secundaria trunca o completa, el 30.4%, solo preescolar y primaria, el 12.5% preparatoria, el 10.8% ninguna educación, solo el 3.3% cuentan con licenciatura, 1.5% carrera técnica o comercial, mientras que, el 0.0%, cuentan con nivel maestría o doctorado.
En pocas palabras, la falta de oportunidades en la educación predispone a la delincuencia, el delirio de poder corrompe las estructuras gubernamentales, el poder quebranta los valores y principalmente, la ignorancia vulnera los derechos humanos, por lo que permitimos que desde el gobierno hasta nuestros jefes inmediatos violen nuestros derechos incluso los derechos fundamentales. Así que vuelvo a preguntar por todo lo anterior… ¿El fin justifica los medios? A fines de Octubre veremos los resultados.
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