Los líderes sindicales denunciaron presuntas maniobras para influir en la representación laboral y cuestionaron el ofrecimiento de un incremento salarial que consideraron insuficiente frente a las demandas de más de 110 mil trabajadoras y trabajadores capitalinos. Señalaron que la base exige respeto a la autonomía sindical, negociaciones reales y prestaciones que respondan al contexto económico actual.
Durante el encuentro, hicieron un llamado directo para que el Tribunal actúe como garante de la legalidad ante lo que describieron como prácticas que vulneran la libre organización y el derecho a una negociación colectiva auténtica, señalando a autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como actores centrales en el conflicto.
El Magistrado Presidente Cristóbal Arias Solís sostuvo que el Tribunal no permitirá desviaciones del marco jurídico y que cualquier controversia será atendida con estricto apego a la ley. Afirmó que la institución actuará con independencia, garantizando que prevalezcan los derechos laborales y sindicales.
“Los conflictos laborales deben resolverse en la vía institucional, con transparencia y legalidad”, expresó, comprometiéndose a encauzar el diferendo mediante los mecanismos de conciliación y resolución previstos en la normatividad vigente.
La reunión concluyó con el acuerdo de abrir una ruta jurídica clara que permita despresurizar el conflicto, incorporar la participación de la base trabajadora y asegurar que cualquier determinación se sustente en principios de legalidad, justicia laboral y respeto a la autonomía sindical.
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