La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reafirma, a través de la #Recomendación208VG2026 sobre el caso #Ayotzinapa, que el centro de toda investigación por violaciones graves a los derechos humanos deben ser siempre las víctimas, sus familias y su derecho a conocer la verdad.
La CNDH sostiene que ninguna investigación de esta naturaleza puede estar sujeta a intereses políticos, ideológicos o partidistas. Su obligación constitucional es actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y estricto apego a la ley, colocando por encima de cualquier circunstancia la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
La Recomendación 208VG/2026 establece que sus conclusiones se encuentran sustentadas en un amplio trabajo técnico, científico y jurídico, basado en el análisis de pruebas documentales, testimonios, peritajes especializados y demás elementos de convicción que permiten ofrecer certeza y certidumbre sobre los hechos investigados.
Asimismo, la Comisión enfatiza que la búsqueda de la verdad no concluye con la emisión de una recomendación. Por el contrario, representa un compromiso permanente para impulsar el esclarecimiento de los hechos, combatir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y promover la reparación integral del daño conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Para la CNDH, las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad, a obtener justicia y a que las instituciones del Estado actúen con profesionalismo, transparencia y sensibilidad humana, privilegiando siempre su dignidad y evitando cualquier forma de revictimización.
La Comisión reitera que su actuación responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger los derechos humanos, por lo que sus recomendaciones se sustentan en evidencia verificable, análisis científicos y fundamentos jurídicos, fortaleciendo la confianza de las víctimas en las instituciones y contribuyendo al Estado de Derecho.
Las víctimas y la verdad son la prioridad. La justicia, la memoria y la no repetición constituyen principios indispensables para consolidar una sociedad democrática que garantice plenamente los derechos humanos de todas y todos.
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