En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrenda su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, colectivos, culturales, territoriales y políticos de los pueblos originarios, indígenas y afroamericanos, quienes durante generaciones han enfrentado pobreza, discriminación, marginación, despojo y exclusión estructural.
La defensa de estos pueblos no puede ser simbólica ni limitarse a discursos o conmemoraciones. Debe traducirse en acciones concretas del Estado para garantizar plenamente su dignidad, identidad, autonomía, libre determinación y derecho a decidir sobre los asuntos que afectan directamente sus comunidades, territorios, cultura y formas de vida.
La CNDH hace un llamado contundente para que se ponga fin a cualquier forma de despojo territorial, invasión, desplazamiento o apropiación indebida de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas y originarias. La tierra y el territorio representan mucho más que un espacio físico: constituyen la base de su identidad, cultura, historia, organización comunitaria y supervivencia.
Por ello, debe garantizarse jurídicamente la posesión, propiedad y tenencia de sus territorios, así como su derecho inalienable a participar en las decisiones relacionadas con el aprovechamiento de sus recursos naturales, bajo principios de justicia, respeto a sus derechos colectivos y protección de su patrimonio.
La CNDH considera indispensable que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos sea aplicada de manera plena, efectiva y sin simulaciones, colocando a las comunidades en el centro de las políticas públicas y garantizando mecanismos reales para hacer exigibles sus derechos.
Asimismo, resulta fundamental combatir de raíz la pobreza y desigualdad estructural mediante políticas sociales que garanticen acceso efectivo a educación, salud, vivienda, alimentación, empleo digno, justicia y seguridad social, sin discriminación y respetando las características culturales y comunitarias de cada pueblo.
La defensa de los pueblos indígenas también implica proteger su identidad cultural y sus lenguas. Ninguna lengua debe desaparecer por falta de políticas públicas. El Estado debe garantizar intérpretes y facilidades lingüísticas en los sistemas de justicia, salud, educación y administración pública, para que hablar una lengua indígena jamás sea motivo de exclusión o una barrera para ejercer derechos.
De manera especial, debe reconocerse el papel fundamental de las mujeres indígenas y afroamericanas, quienes han sido históricamente guardianas de la memoria, las lenguas, las tradiciones, los conocimientos ancestrales y el patrimonio cultural de sus comunidades. Su participación y liderazgo deben ser protegidos y fortalecidos, erradicando toda forma de discriminación y violencia.
La defensa irrestricta de los derechos humanos también exige reconocer y respetar la diversidad sexual existente dentro de los pueblos indígenas y afroamericanos, garantizando que ninguna persona sea discriminada por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
La CNDH advierte que la discriminación contra los pueblos originarios no puede normalizarse, el despojo no puede tolerarse y la desigualdad no puede perpetuarse. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de igualdad sustantiva y de proteger a quienes históricamente han sido colocados en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Los pueblos originarios, indígenas y afroamericanos no necesitan caridad: exigen y merecen justicia, reconocimiento, respeto y garantía plena de sus derechos.
México no puede entenderse sin sus pueblos originarios, indígenas y afroamericanos. Su historia, sus territorios, sus lenguas, sus culturas, sus conocimientos y sus formas de organización forman parte esencial de la identidad nacional.
Por ello, la CNDH llama a construir un país donde la diversidad cultural sea una fortaleza, donde ningún pueblo sea despojado de su territorio, donde ninguna lengua sea condenada al olvido, donde ninguna comunidad sea discriminada y donde la autodeterminación y la dignidad de los pueblos sean derechos plenamente respetados y garantizados.
La defensa de los pueblos originarios, indígenas y afroamericanos es la defensa de la dignidad, la justicia social, la diversidad y los derechos humanos de México.
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