En este contexto, el maestro Manuel Arellano Morales, quinto visitador general de la CNDH, ha sido firme al señalar que México debe avanzar hacia una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos, en la que las demandas sociales sean escuchadas y atendidas por las autoridades, sin recurrir a la intimidación ni al uso de la fuerza contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta.
El funcionario sostuvo que es necesario poner límites a las prácticas intimidatorias contra las personas que manifiestan libremente sus ideas y peticiones, y advirtió sobre la importancia de impedir agresiones por parte de cuerpos institucionales armados, como los granaderos, contra quienes salen a las calles para exigir soluciones a sus problemas.
La exigencia de agua limpia no puede convertirse en motivo de hostigamiento ni de represión. Por el contrario, representa un llamado urgente a las autoridades para garantizar el acceso al agua, escuchar a las comunidades afectadas y privilegiar el diálogo como vía para resolver los conflictos sociales.
La intervención de la CNDH resulta fundamental para documentar posibles violaciones a los derechos humanos, dar seguimiento a las denuncias y contribuir a que las autoridades actúen con apego a la legalidad, respetando la integridad y la dignidad de las personas.
La defensa de los derechos humanos exige que ninguna autoridad esté por encima de la ley y que el ejercicio de la protesta social sea protegido, no castigado. El agua limpia es una demanda legítima, y ninguna exigencia ciudadana debe responderse con intimidación o violencia.
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