Las instalaciones educativas de la Ciudad de México pueden convertirse en un respaldo fundamental para la ciudadanía ante desastres naturales y situaciones de emergencia. Así lo plantea el Diputado Pablo Trejo Pérez, Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, al impulsar la incorporación de centros comunitarios de resiliencia a la legislación educativa capitalina.
La propuesta busca fortalecer la función social de las escuelas públicas para que, además de ser espacios dedicados a la enseñanza y la formación de las nuevas generaciones, puedan habilitarse como lugares de resguardo seguro y digno cuando las circunstancias pongan en riesgo a las familias y sus comunidades.
El Diputado Pablo Trejo Pérez destaca la importancia de reconocer a los planteles educativos como parte de la infraestructura comunitaria que puede contribuir a proteger la vida, brindar apoyo temporal y facilitar la organización de la población durante una contingencia.
Ante sismos, inundaciones u otros acontecimientos que obliguen a las personas a abandonar temporalmente sus hogares, las escuelas que cuenten con las condiciones necesarias podrían desempeñar un papel estratégico, siempre mediante protocolos de seguridad, coordinación con las autoridades y espacios adecuados para recibir a quienes lo necesiten.
Esta visión parte de entender que la educación también tiene una dimensión comunitaria: las escuelas forman a las nuevas generaciones, pero sus instalaciones pueden contribuir al bienestar colectivo cuando la población enfrenta momentos difíciles.
La iniciativa de resiliencia comunitaria propone avanzar hacia una Ciudad de México mejor preparada, en la que las instituciones públicas, las autoridades y la ciudadanía fortalezcan sus capacidades de prevención y respuesta ante emergencias.
Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje y también pueden convertirse en puntos de apoyo y protección para la comunidad cuando ocurre una emergencia. Con esta perspectiva, el Diputado Pablo Trejo Pérez promueve una visión en la que la infraestructura educativa contribuya a construir comunidades más seguras, solidarias y resilientes.
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