La dignidad humana no debe perderse cuando una enfermedad se vuelve incurable. Por el contrario, es precisamente cuando una persona enfrenta el deterioro de su salud, el dolor persistente y la incertidumbre sobre su futuro cuando la sociedad tiene la mayor responsabilidad de garantizarle respeto, atención y acompañamiento.
En este contexto, la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), impulsará ante el Congreso de la Unión la discusión de las conclusiones de los foros sobre el derecho a una muerte digna, un tema que representa una asignatura pendiente en el reconocimiento de los derechos de quienes padecen enfermedades mortales que ya no tienen posibilidades de curación.
Detrás de este debate existen miles de historias de personas que enfrentan enfermedades devastadoras, tratamientos agotadores y procesos médicos que pueden prolongarse mientras su calidad de vida se deteriora. Para ellas, la atención médica no debe limitarse a mantener tratamientos a cualquier costo, sino que también debe contemplar el alivio del dolor, el acompañamiento emocional y el respeto a sus decisiones.
Ninguna persona debería ser obligada a enfrentar sus últimos días en medio de un sufrimiento que pudo haberse aliviado. El derecho a recibir cuidados paliativos adecuados, a conocer con claridad su situación médica y a participar en las decisiones sobre su tratamiento forma parte de una atención centrada en la dignidad humana.
La discusión sobre la muerte digna exige reconocer que los pacientes tienen voz, sentimientos, voluntad y derechos. Su condición de salud no debe convertirlos en personas sin capacidad para decidir sobre los tratamientos que reciben ni justificar que se ignore su sufrimiento.
Por ello, resulta fundamental que el Congreso de la Unión examine este tema con responsabilidad, sensibilidad y apertura, escuchando a pacientes, familiares, especialistas médicos, organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.
El objetivo debe ser construir un marco jurídico que proteja a las personas frente a cualquier forma de abuso o presión, garantice el acceso a cuidados paliativos y establezca salvaguardas claras para que las decisiones relacionadas con el final de la vida se tomen de manera libre, informada y conforme a la ley.
Hablar de muerte digna no significa abandonar a quienes padecen una enfermedad incurable. Significa acompañarlos, aliviar su dolor, respetar sus decisiones y reconocer que su dignidad permanece intacta, independientemente de su condición física o de las posibilidades de recuperación.
La familia también necesita apoyo durante este proceso. Enfrentar la enfermedad terminal de un ser querido supone una carga emocional profunda que requiere orientación médica, atención psicológica y acompañamiento humano.
La iniciativa de llevar estas conclusiones al Poder Legislativo abre una oportunidad para que México avance en una discusión que no debe postergarse indefinidamente. La dignidad, la libertad y la autonomía de los pacientes deben ocupar un lugar central en cualquier decisión relacionada con el final de la vida.
Porque la dignidad humana no termina con un diagnóstico irreversible. Hasta el último momento, toda persona merece respeto, alivio del sufrimiento, acompañamiento y el reconocimiento pleno de sus derechos.
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