La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demanda que se esclarezcan con toda puntualidad las circunstancias que provocaron el fallecimiento de una persona privada de la libertad en el CEFERESO 17 CPS Michoacán, donde se acreditaron irregularidades y retrasos en la atención médica que recibió.
Mediante la Recomendación 32/2026, el organismo nacional documentó violaciones a los derechos humanos y solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) la reparación integral del daño a los familiares de la víctima.
La gravedad de estos hechos obliga a las autoridades responsables a actuar con transparencia, responsabilidad y absoluto apego a la ley. Es indispensable investigar cada circunstancia, revisar los procedimientos de atención médica y determinar las responsabilidades que correspondan, sin encubrimientos, dilaciones ni omisiones.
La condición de persona privada de la libertad no puede convertirse en motivo para ignorar sus derechos. Toda persona bajo custodia del Estado tiene derecho a recibir atención médica oportuna y adecuada, así como a que su vida y su dignidad sean protegidas.
Para la CNDH, la defensa de las víctimas exige que las recomendaciones no se queden en el papel: deben traducirse en acciones verificables, reparación del daño y medidas que impidan la repetición de estos acontecimientos.
La familia merece respuestas claras y el caso merece una investigación exhaustiva. Esclarecer lo sucedido y garantizar justicia constituye una obligación institucional que no puede postergarse.
Ninguna omisión debe obstaculizar la justicia. La vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad también deben ser protegidas, y sus familias tienen derecho a conocer la verdad.
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