Trabajadores mineros lamentaron que desde Palacio Nacional se quiera imponer a Napolen Gmez Urrutia como dirigentes sindical, cuando tiene an cuentas pendientes con la justicia.
De acuerdo con Carlos Pavn Campos, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalrgico FRENTE, el cierre ilegal de la mina de Cosal, en Sinaloa mismo que lleva ms de un ao dos meses, fue planeado y ocasionado por Napolen Gmez Urrutia, despus de que el presidente Andrs Manuel Lpez Obrador inclinara la balanza en favor del sindicato que usufructa Gmez Urrutia, quien amenaz con retirar la concesin a la empresa minera para quedarse con el Contrato Colectivo de Trabajo.
«No es posible que Palacio Nacional se haya convertido en una especie de juzgado en donde se decide qu organizacin gana la titularidad de un contrato colectivo de trabajo», apunt Carlos Pavn Campos, cuya organizacin an disputa la titularidad en Cosal.
El tambin diputado federal lament que el presidente amenace con retirar la concesin de la mina si no se acepta al sindicato del senador de la repblica cobijado por la 4-T.
«Eso es chantaje, ya no digamos para la empresa, sino para los trabajadores que votaron en contra del sindicato de Napolen Gmez, porque es un personaje que cierra fuentes de empleo, si las empresas no acceden a sus ambiciones econmicas».
Record que desde enero de 2020 esa mina fue bloqueada y tomada ilegalmente por golpeadores encabezados por Yasser Beltrn, protegido de Napolen Gmez y desde entonces la mina ha sido saqueada por grupos ligados a la delincuencia organizada. Pavn Campos, adems mencion que el saqueo a la mina pudiera ascender a ms de dos millones de dlares y que la reapertura pudiera estar en el orden de los 5 millones de dlares.
Como resultado de la rapia a la unidad de trabajo, solapada por la autoridad, se suman tambin 16 denuncias penales por despojo interpuestas por la empresa contra el grupo protegido por Gmez Urtutia.
El dirigente del FRENTE calific como lamentable y preocupante que el presidente Lpez Obrador, no tenga conocimiento de las denuncias penales, ni de las irregularidades que han llevado a esta mina a seguir en litigio y que en su lugar se quiera castigar a los trabajadores quitndoles el empleo, al existir la posibilidad de retirar la concesin.
«En lugar de pedirle a su secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canad en torno a ese conflicto, hay que sugerirle que mejor vigile y aconseje a su voraz protegido, Napolen Gmez Urrutia, quien no respeta legalidad alguna, enviando golpeadores a diversas regiones del pas para hacerse, a la mala, de contratos colectivos de trabajo», expuso Pavn Campos.
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