Alejandro Marín Rangel demanda la intervención de la Contraloría para esclarecer las denuncias, determinar posibles responsabilidades administrativas y, de existir elementos, dar vista a las autoridades competentes.
Las denuncias de usuarios y trabajadores de la alcaldía Benito Juárez sobre presuntos cobros irregulares para ocupar espacios y realizar actividades laborales en los panteones de la demarcación exigen una investigación seria, transparente y sin excepciones.
En los señalamientos se menciona a Pedro Corona y a su presunto superior jerárquico, el licenciado Antonio Castro Lorenzo, director de Gobierno de Benito Juárez, cuya posible participación, conocimiento o responsabilidad deberá esclarecerse mediante una investigación formal de las autoridades competentes.
De acuerdo con las denuncias, trabajadores tendrían que realizar pagos semanales para desarrollar actividades que forman parte de su labor cotidiana. Estos señalamientos, por su gravedad, deben ser revisados para determinar si existen cobros indebidos, posibles irregularidades administrativas o conductas que pudieran constituir delitos.
Ante este escenario, Alejandro Marín Rangel, dirigente sindical y líder de la Sección 7 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), ha manifestado su rechazo a cualquier práctica que vulnere los derechos de la base trabajadora y ha exigido que se esclarezcan los hechos.
La exigencia central es que la Contraloría competente intervenga, investigue las denuncias, revise las actuaciones de los servidores públicos posiblemente involucrados y determine si existieron autorizaciones, instrucciones, omisiones o beneficios derivados de los presuntos cobros.
Asimismo, se considera indispensable que Antonio Castro Lorenzo responda públicamente a los señalamientos relacionados con su área de responsabilidad y que Pedro Corona aclare las actividades que se le atribuyen. La investigación deberá establecer los hechos con pruebas, sin sustituir las instancias legales ni anticipar conclusiones.
La base trabajadora merece desempeñar sus funciones sin presiones económicas indebidas y con pleno respeto a sus derechos laborales. Ningún trabajador debería enfrentar cobros irregulares para realizar una actividad laboral legítima.
Alejandro Marín Rangel demanda que las autoridades de Benito Juárez no ignoren estas denuncias y que la Contraloría actúe con imparcialidad, examine las posibles responsabilidades y, si encuentra indicios de conductas delictivas, dé intervención a la autoridad ministerial correspondiente.
El objetivo debe ser esclarecer los hechos, proteger a las personas denunciantes y garantizar que cualquier responsabilidad acreditada tenga las consecuencias legales correspondientes, con apego al debido proceso.
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