La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reafirma su postura en defensa de las libertades, la integridad de las personas y el derecho a manifestarse sin sufrir abusos de autoridad.
“No regresarán los tiempos de represión, se acabó la tortura y el secuestro de quienes piensan distinto a los demás”, afirmó la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al refrendar su postura en favor de la protección de los derechos fundamentales y el rechazo a cualquier práctica que atente contra la dignidad humana.
La titular de la CNDH sostuvo que el respeto a las libertades y a la integridad de las personas debe ser una condición indispensable en la actuación de las instituciones públicas, particularmente cuando se trata de ciudadanos que expresan sus ideas, manifiestan inconformidades o exigen respuestas a las autoridades.
Su pronunciamiento cobra especial relevancia ante las denuncias de posibles agresiones durante manifestaciones públicas, donde resulta fundamental esclarecer los hechos, investigar cualquier señalamiento de abuso de autoridad y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la responsabilidad de atender las quejas que sean de su competencia, documentar posibles violaciones y promover que las autoridades actúen con apego a los principios de legalidad, respeto y protección de los derechos humanos.
La defensa de quienes piensan diferente constituye un elemento esencial de toda sociedad democrática. Ninguna persona debe ser perseguida, torturada, privada ilegalmente de su libertad o sometida a tratos crueles por expresar sus opiniones o ejercer sus derechos.
El mensaje de Rosario Piedra Ibarra coloca en el centro la exigencia de que las instituciones garanticen las libertades y que cualquier conducta contraria a los derechos humanos sea investigada con seriedad, transparencia y pleno respeto al debido proceso.
La libertad de expresión, el derecho a la protesta y la integridad personal son derechos que deben protegerse sin distinciones. Su garantía exige instituciones responsables, investigaciones imparciales y mecanismos efectivos para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
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